Pepsi Cola-Venezuela introdujo una denuncia ante la Fiscalía Superior del Estado Aragua y un escrito ante la Inspectoría del Trabajo de Cagua debido a la paralización ilegal que mantiene un grupo de trabajadores en las operaciones comerciales en Aragua, Apure, Carabobo, Cojedes y Guárico.
Durante el conflicto, se han presentado hechos de violencia y se han mantenido cerradas, a la fuerza, las agencias Santa Lucía (estado Aragua), Puerto Cabello (estado Carabobo). Por otra parte, San Carlos (estado Cojedes), San Fernando de Apure, Valle La Pascua y Calabozo (Llanos) fueron afectadas los primeros días y luego volvieron a la normalidad. Adicionalmente, han intentado paralizar la operación de la planta ubicada en Villa de Cura, y no lo han conseguirlo.
Ante la fiscalía, la compañía solicita la investigación por la supuesta presencia de delitos de boicot, extorsión, obstrucción de la libertad de comercio y alteración ilícita de ruta de vehículos de carga. También denuncia violencia contra la mujer, debido a la agresión contra una trabajadora embarazada, a quien le sustrajeron a la fuerza su teléfono celular para borrar evidencias de las acciones sindicales.
Además de refrescos y Gatorade, desde estas instalaciones se distribuyen jugos Yukery y Yuky-Pak y agua Minalba, productos regulados por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, Sundecop. En el caso de la agencia Santa Lucía se almacena y distribuye la pulpa para la elaboración de estos jugos.
“El sindicato, con la colaboración de grupos de trabajadores, mantiene bloqueado el acceso a las agencias e impide el movimiento de camiones”, indicó Mariluz Santana, asesora de la Gerencia Corporativa de Asuntos Laborales de la empresa. “Se ha pretendido incluso parar la operación en instalaciones de contratistas que prestan servicios a la compañía”, acotó.
La abogada explicó que esto viola el derecho constitucional de libertad económica de Pepsi-Cola Venezuela. “La paralización ilegal y las acciones intimidatorias y de sabotaje afectan de manera dramática los despachos de nuestros productos”, afirmó.
Santana indicó que estos grupos de trabajadores han interceptado camiones en la calle, incluso han tomado las llaves a la fuerza, “obligando a sus conductores, mediante amenazas e intimidación, a devolver el producto a las agencias bloqueadas para que no sean despachados a nuestros clientes”.
Adicionalmente, precisó que 93% de la pulpa de fruta empleada para producir jugos está retenida en la agencia Santa Lucía. Esta cantidad es necesaria para generar un inventario de semana y media, para los venezolanos.
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